FISCALIZARD deposita denuncia proceso de adquisición de solar en ASDE; pide cancelarlo y establecer sanciones

La Fundación Fiscalización Ciudadana (FiscalizaRD) depositó ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) una denuncia sobre la aprobación realizada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a petición de la sindicatura, para la compra de un terreno por valor de Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos (RD$364,835,394.00), a fin de construir un cementerio en dicho municipio.

A juicio del Lic. Juan Ricardo Fernández, director ejecutivo de FiscalizaRD, quien subscribe la denuncia, la compra de esos terrenos se estaría realizando en violación a los principios de igualdad y libre competencia, de transparencia y publicidad, de economía y flexibilidad, de participación y de razonabilidad enunciados en el artículo 3 de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Consideró que la violación de estos principios hace nula de pleno derecho la precitada resolución, de conformidad con los artículos 14 de la ley 340-06 y de la ley 107-13 sobre procedimientos adminitrativos.

En la denuncia presentada también le piden a la DGCP que ordene la suspensión inmediata del proceso de compra del referido  terreno, hasta tanto dicho órgano culmine la investigación de los hechos denunciados, para evitar que el ASDE concluya el proceso de compra, lo cual generaría daños que devendrían en irreparables para las finanzas del municipio.

Asimismo, exigió que en la investigación se establezcan las faltas cometidas por los funcionarios involucrados en el proceso de compra y cuantificar los daños ocasionados, a fin de accionar por ante el Tribunal Superior Adminsitrativo en responsabilidad patrimonial y diligenciar por ante las instituciones competentes las sanciones correspondientes.

 

SOBRE LA COMISIÓN DESIGNADA POR ALFREDO MARTÍNEZ

Fernandez Reyes ponderó las condiciones morales de los miembros de la comisión designada por el alcalde Alfredo Martínez para la evaluación del indicado proyecto, tras las denuncias de irregularidades, pero consideró que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su condición de Órgano Rector, que le corresponde investigar si se cumplieron con los procedimientos legales previstos para la aprobación de la compra de los terrenos.

Manifestó que la sindicatura haría bien al facilitar el trabajo de investigación que realizará la DGCP; e instó a la Comisión a esperar los resultados de la misma, para que se constituya en garantes del establecimiento de las sanciones y correctivos que emanen de la investigación.

“Entendemos que es tiempo de que se impongan las sanciones previstas en la ley 340-06, que establece sanciones de hasta dos años de prisión y multas de hasta el doble del valor de los servicios adquiridos, para los funcionarios que violen las disposiciones de esa legislación, en aras de que los servidores públicos entiendan que estas disposiciones no son letra muerta”, concluyó.

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